Giovanni López: ¿por dónde comenzamos?

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El homicidio de Giovanni López reúne todos los elementos repudiables de un delito en México: fue perpetrado cuando estaba bajo custodia de la Policía, la investigación se demoró más de un mes (e inició porque el caso se volvió mediático) y el Gobierno Estatal intentó reiteradamente distraer la atención del tema central culpabilizando a la víctima.

Este evento nos recuerda el nivel de violencia que existe en el país, expone la impunidad con que actúan los criminales y demuestra lo ineficientes que son nuestras instituciones. El caso de Giovanni fácilmente pudo haber sido una cifra más en las estadísticas de personas desaparecidas o asesinadas en Jalisco, sin que a nadie le importara.

A continuación, quiero resaltar qué es lo que no podemos tolerar desde una perspectiva de Procuración de Justicia y tratar de esbozar algunos de los aspectos que debemos cambiar para evitar que esto se repita. No es mi intención analizar este acontecimiento en el marco de los movimientos sociales de Estados Unidos, ni respecto de la polarización y golpeteo político entre los partidos políticos mexicanos, como tampoco en relación a los actos de protesta y vandalismo ocurridos.

Lo detestable

El caso presenta algunas de las peores prácticas de las instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia en México, no es un evento aislado, sino uno más.

Confianza en la Policía

Ninguna persona debe morir cuando su vida o libertad se encuentra bajo custodia del Estado. Giovanni fue detenido por la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, las razones por las que intervinieron los Agentes difieren según la versión que se elija, pero es indiscutible que el Estado intervino y su libertad quedó bajo su responsabilidad.

Desde ese momento, la Policía tenía la misión de cumplir la ley y actuar conforme a ella. Debieron trasladar a Giovanni ante el Juez Cívico en caso de una falta administrativa o ante el Agente del Ministerio Público en caso de un delito. El procedimiento era claro, las salvaguardas legales existían y los Policías sabían lo que debían hacer. Aún así, fue asesinado.

Para poder confiar en un sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, debemos estar seguros de que se cumplirán las reglas del juego. Esta delicada labor depende en gran medida de la responsabilidad de la Policía; deben actuar conforme a la ley, sin estar influenciados por grupos del crimen organizado, por instrucciones de sus superiores, o por actos de corrupción.

La relación entre Policía y Ciudadanos es fundamental. Si no podemos confiar en que nuestra vida no se encuentra en riesgo cuando estamos a disposición de la autoridad, tenemos un sistema que ha fracasado. Podemos tener opiniones distintas de un caso, para depurarlas existen los juicios; pero si el verdadero riesgo no es diferir, sino morir antes de estar frente a un Juez, ningún proceso será útil.

En cualquier situación, debemos tener la confianza de que si nos encontramos bajo custodia Policial, el procedimiento se seguirá al pie de la letra. Esperamos que con independencia de lo ocurrido llegaremos ante un Juez; que no habrá moches, tortura o desaparición; que podremos defendernos.

Parte de las estadísticas

Los casos deben ser investigados de manera eficiente y la procuración de justicia debe ser rápida. Desde que los hechos ocurrieron hasta que el asunto se tornó mediático, pasó más de un mes; de su mediatización a la detención de las tres primeras personas posiblemente implicadas en los hechos, transcurrieron apenas unos días. Los medios de comunicación volvieron convenientemente eficientes a las instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia.

Esta no puede ser la regla a seguir ni en Jalisco, ni en México, ni en ningún lugar. Las instituciones deben desarrollar sus funciones con independencia de la situación mediática de un asunto; lo contrario implica dos grandes problemas: sólo se investigan los casos mediáticos y se investigan rápido.

Ninguna persona resulta beneficiada si esa es la política que sigue la Fiscalía. Es profundamente injusto que sólo se preste atención a los casos que han sido reclamados por el público al Estado; y es por demás peligroso tratar de obtener resultados rápidamente para calmar los ánimos de la sociedad.

Ausencia de investigación

La Fiscalía debe aclarar los hechos y llegar a la verdad. El Agente del Ministerio Público tenía acceso a todos los documentos y datos que los Policías realizaron con motivo de la detención de Giovanni; la información estaba fácilmente a su disposición porque la detención nunca se ocultó. Aún así, en un caso con líneas de investigación claras y evidencia documental disponible, tardó más de 1 mes en establecer qué había pasado y quiénes podían estar involucrados.

No hay elementos para conceder que se hubiese tratado de una cuestión de investigación y litigación estratégica, hábilmente planeada y siempre mantenida bajo control; tampoco es que sea un caso de alta complejidad o que exista ausencia de recursos. Por lo hasta ahora conocido, es un caso para cuya resolución se podía obtener evidencia fácil y rápido: las Policías llenan informes, emiten reportes, se elaboran fatigas, existen bitácoras. Se podía recabar evidencia y no se hizo.

¿Qué podría esperarse entonces de un caso complejo? ¿un asunto donde la detención no hubiese sido reportada? ¿en que hubiesen intervenido varias agencias del Estado y organizaciones criminales? ¿si hubiese habido una planeación puntual para la desaparición de alguien?

Concretamente, la investigación y procuración de justicia son las únicas razones por las que la Fiscalía existe y son las mismas que reiteradamente es incapaz de cumplir. No tienen capacidad técnica suficiente para investigar, presentar el caso ante un Juez y lograr justicia para las víctimas.

Evasión de responsabilidad

Una vez llegado el caso a los medios, el Gobierno de Jalisco, a través particularmente de el Gobernador Enrique Alfaro y el Fiscal del Estado, trataron reiteradamente de deslindarse de responsabilidad y desviar la atención del problema central. Señalaron algunos de los siguientes aspectos.

Giovanni no fue detenido por Policías Estatales

Es cierto, pero irrelevante. El que haya fallado el primer filtro de funcionamiento del Sistema de Justicia, no significa que se releve de responsabilidad a los demás actores. Cuando la Policía comete delitos, la Fiscalía debe investigarles, perseguirles y lograr su sanción; no se enmendará el daño por completo, pero se demostrará que nadie puede romper la ley sin consecuencias.

Decir que no puede responsabilizarse al Gobierno Estatal por un problema municipal es tramposo. Tienen herramientas legales y materiales para evitar, investigar, sancionar y reparar estas situaciones; cuestión que no cumplieron, por lo que el reclamo debe elevarse también contra ellos.

La detención no estuvo relacionada con la falta de cubrebocas

No importa. El motivo de la detención es irrelevante, puede ser por falta administrativa o un delito en flagrancia, da igual, nadie puede morir bajo custodia del Estado. Nadie.

Era responsabilidad del alcalde suspender a los Policías

Aunque es parcialmente cierto, no deja de ser una evasión de responsabilidad. La seguridad es un ámbito que tiene competencia compartidas entre los Municipios, el Estado y la Federación. Para ello existe una Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Aún así, lo importante no es el procedimiento disciplinario de sanción a los Policías, sino la investigación que la Fiscalía debe realizar sobre lo sus conductas.

Naturalmente, esto último sí es responsabilidad del Gobierno del Estado.

Ahora ¿por qué van a protestar?

Probablemente, la expresión que en mayor medida denota la incomprensión que tiene el Gobierno Estatal del fenómeno. Esto no se trata de un caso aislado, no es sólo lo que pasó a Giovanni, es lo que ocurre todos los días a cientos de personas. Son las miles de desapariciones y asesinatos que las instituciones no han resuelto.

Por supuesto que hay motivos para protestar. Los habrá siempre que siga existiendo la posibilidad de que se puedan violar los derechos de las personas como consecuencia del funcionamiento del sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Presumir las nimiedades

Expusieron como logro el que un Juez hubiese autorizado una Orden de Aprehensión en contra de los Policías señalados por la Fiscalía, como si esto demostrara que las instituciones son eficientes y han hecho justicia en el caso de Giovanni. Nada más lejano de la realidad.

Apenas han demostrado que ocurrió un delito y que las personas podrían estar involucradas; estamos hablando de una probabilidad, no una certeza. Lo realmente importante es lograr una condena en Juicio, aunque parece que esas no se presumen tan habitualmente.

Conspiración desde los sótanos del Poder

Absurdo. Con independencia de si existe o no alguien que organice a los grupos que cometieron actos de vandalismo en el centro histórico, el reclamo sobre las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia permanece. Una cosa no excluye, ni resta legitimidad a la otra.

El Fiscal no está involucrado

Pero es responsable. En su carácter de Fiscal del Estado debe asegurarse del cumplimiento de la ley y el buen funcionamiento de la institución. No sólo hay un problema con la Policía Municipal, sino también con la Fiscalía del Estado. Insisto, debió investigarse y perseguirse oportunamente.

Levantamiento de manifestantes

Aberrante. La institución que debiera procurar justicia y salvaguardar los Derechos Humanos de los ciudadanos, es incapaz de respetar mínimamente el derecho a la libertad de expresión. Esto también debe investigarse y perseguirse.

El Crimen Organizado puede estar involucrado

Es posible. Aún así, tampoco resta legitimidad a los reclamos, todo lo contrario. ¿O se está sugiriendo que los delincuentes son más poderosos que las instituciones?

¿Qué debemos empezar a discutir?

Creo que la violencia es un elemento problemático para el planteamiento de soluciones y que mientras más ruido haya menos propuestas concretas se elaboran. Necesitamos identificar las áreas a intervenir y plantear soluciones concretas. Así, algunas ideas sobre las cosas a discutir:

Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad

El problema no radica en la ausencia de leyes, sino en su falta de cumplimiento. No hay necesidad de reformas, sino de que realmente se actúe conforme a lo que está previsto. Esto se traduce en Cultura de la Legalidad y Estado de Derecho, todos deberíamos abogar por el cumplimiento de la ley, con independencia de si esto nos beneficia o perjudica en una situación particular.

Socialmente, la expectativa que podría tener mejores resultados positivos implica que las Policías y la Fiscalía cumplan la ley, pues así podremos tener seguridad de que, con independencia de la situación, las reglas del juego serán siempre respetadas.

Por otro lado, tratar de evitar la aplicación de la ley por medio de la corrupción nos perjudica a todos, esto también debe comprenderse y asumirse como responsabilidad ciudadana.

La Fiscalía no es una burocracia

Las Fiscalías y Comandancias de Policía no deben concebirse como oficinas burocráticas a manera de la mayoría de oficinas de gobierno. Por la naturaleza de sus funciones, es más importante tener una estructura flexible que permita operar rápida y eficientemente en los lugares que se requiere, en lugar de estructuras verticales y con controles por etapa.

No quiero decir que la burocracia no sea importante, ni que deba dejar de vigilarse la actuación de los servidores públicos que la componen, sino que debe mantenerse únicamente en la medida en que resulta necesaria para mantener el funcionamiento de los órganos operativos.

Cuando en estas instituciones se vuelve más importante la forma que el fondo, se vuelve imposible intervenir en un secuestro porque se requiere llenar una forma con tinta azul, presentar tres copias y esperar de 3 a 5 días hábiles para una respuesta por escrito.

Uso de los recursos y populismo punitivo

La Fiscalía y las Policías tienen recursos limitados, estos deben ser usados para la investigación de un número de delitos cuyas características e importancia es difícil predecir al asignar el presupuesto. Aún así, debe haber una política de persecución clara al interior de la institución. De todos los crímenes que se cometen, ¿en cuáles nos vamos a enfocar?

Esta política de persecución debe estar correctamente alineada con la política criminal que tiene el Gobierno del Estado; la seguridad requiere amplia coordinación con otras secretarías y actores.

La persecución de cualquier delito implica la inversión de recursos, es un juego de suma cero: lo que se asigna a uno se resta de otro. El dinero invertido en el robo de una tienda de conveniencia es un monto que ya no puede ser utilizado para la investigación de un homicidio.

Si la priorización de casos se deja al azar, no habrá forma en que cuando sean necesarios, puedan invertirse recursos en aquellos que resultan más trascendentes para la sociedad.

Simulación de efectividad

Ocurre en todo ámbito de Gobierno, pero en el caso de las agencias de Seguridad y Justicia es especialmente peligroso. La Fiscalía está interesada en mostrar cualquier tipo de victoria, por pequeña que sea, como un gran logro institucional, aunque pierda en los momentos realmente importantes.

Esto ocurre cuando se presume una orden de aprehensión, pero no se comunica que se perdió la Vinculación a Proceso o el Juicio; al exponer que se logró la Vinculación a Proceso, pero no se comenta que el imputado fue después absuelto; o cuando se expone que se impuso prisión preventiva en un caso en que dicha medida es oficiosa.

Se presume como un gran logro algo que en realidad es banal. Se confunde al público y se hace creer que las instituciones están cumpliendo su trabajo, cuando en realidad el procedimiento está siguiendo su curso normal, sin mérito alguno atribuible a los Fiscales o Policías.

Que lleguen los mejores

Necesitamos expertos en las instituciones, deben estar los mejores Fiscales, Policías y Peritos. A nadie ayuda que los criterios de ingreso, permanencia, ascenso o asignación de posiciones de dirección estén basadas en otra cosa que no sean los méritos y el expertise técnico.

Cuando se designa a alguien por cualquier motivo que se encuentre relacionado con corrupción, se está poniendo en riesgo la seguridad y salvaguarda de todos los Jalisciences. La intención detrás de la autonomía de las Fiscalías era justo esta, pero la de Jalisco aún no ha aprendido lo qué significa estar fuera del Poder Ejecutivo y cumplir con una única misión: procurar la aplicación de la ley.

En resumen…

Lamentablemente, el caso de Giovanni no es el único en el país; no es la primera ocasión que esto sucede y probablemente no será la última. Mientras no nos tomemos en serio la construcción de instituciones de Seguridad y Justicia que realmente apliquen las leyes y, por el contrario, sigamos favoreciendo la simulación, la corrupción y el uso político de las agencias, el episodio se repetirá.

Estamos frente a un problema de operadores, pero también de sistema. Hay que distinguir que no se trata de un fallo en el proceso penal, pues Giovanni nisiquiera tuvo la oportunidad de ingresar al mismo, sino respecto de los incentivos y disuasivos que los Policías y Ministerios Públicos tienen para realizar (o no) su trabajo. Necesitamos construir instituciones que cumplirán la ley, sin importar quién esté involucrado.